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Gedelsa colabora con AFBEL en la presentación de las medidas para incentivar la inversión en el tejido eléctrico

La Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos de Alta y Media Tensión (AFBEL) ha presentado al Gobierno una propuesta de 18 medidas para relanzar la economía tras el covid-19, que incentiven la inversión en el tejido eléctrico español, quien posee el potencial de generar empleo de calidad y sustentar el crecimiento económico mejorando el mix energético hacia la descarbonización.

AFBEL considera necesario apostar por aquellos segmentos que sean capaces de desencadenar nuevos modelos económicos sin renunciar a los objetivos climáticos ni a los planes para la necesaria transición energética.

Así, en el documento presentado al Gobierno, AFBEL ha propuesto medidas específicas concretas para el tejido eléctrico español (integrado por operadores de transporte y distribución, proveedores de tecnología de red y toda su cadena de valor y proveedores de soluciones y sistemas inteligentes), que ha estructurado en dos grupos, las que no requieren ningún tipo de inversión pública y las que podrían estimular al sector a través del apoyo de las instituciones.

“Como ante cualquier crisis, la recuperación económica sólo puede venir con inversiones masivas para proteger y crear empleos cualificados y de calidad; apoyando a todas las regiones sin excepción, a sus empresas y sectores tras haber sufrido esta inesperada y repentina paralización de la economía”, ha señalado Guillermo Amann, Presidente de Asamblea General de AFBEL.

Aprobación de la Ley de cambio climático y aumento en un 30% el límite para la inversión en activos de distribución, entre las 11 medidas sin inversión pública

Para AFBEL la tramitación con urgencia de la aprobación de la Ley de Cambio Climático traerá consigo la inversión en sectores de alto valor añadido con contenido nacional, a la vez que impulsará la electrificación de la economía con la consiguiente necesidad de refuerzo e inversión en la infraestructura eléctrica.

También proponen aumentar al menos un 30% el límite de la inversión en activos de distribución para así poder gestionar un alto grado de integración de fuentes renovables embebidas en todos sus niveles de tensión, al tiempo que soportar las solicitudes de nuevos consumos y servicios como recarga inteligente de vehículos, servicios de flexibilidad, agregación y gestión de la demanda.

Un tercer grupo de medidas relevantes lo constituyen la agilización y reducción de plazos del proceso administrativo para la instalación de nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas, así como para la instalación de puntos de acceso público de recarga del vehículo eléctrico. 

Otras medidas que entran en este apartado son promocionar la renovación del parque de Sistemas SAI, atenuación responsable del término potencia en puntos de carga rápida del vehículo eléctrico y extremar los mecanismos de vigilancia de mercado para garantizar la legislación vigente en cuanto a Eco diseño, Modelo de Uso, etc.

Medidas que precisan de inversión pública

Mar Duque, Directora General de AFBEL, ha explicado en detalle las medidas que comportan inversión pública y que han sido trasladadas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, además de a los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Industria, Comercio y Turismo. “Proponemos la activación del sector a través de medidas encaminadas a incentivar a la industria en aspectos como el I+D, la exportación o la implantación de nuevas instalaciones productivas”.

“Entre estas medidas cabe destacar un plan para renovar transformadores de más de 25 años; ayudas fiscales para la exportación de productos fabricados en España; así como incentivos a los programas de I+D+i relacionados con la potenciación de energía segura, limpia y eficiente y la movilidad sostenible.

Otras medidas planteadas son las inversiones en automatización de procesos industriales y a la creación de nuevas plantas productivas en la España vaciada. Tampoco se olvidan de la necesidad de acelerar los proyectos de inversión pública que se encuentran en fase de redacción, adjudicación o pendientes de resolución.

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